Situación
de la mujer española en los siglos XIX y XX
En
España la existencia de una sociedad agraria, con escaso desarrollo industrial,
con una fuerte influencia de la Iglesia Católica y fuertes jerarquizaciones de
género en todos los ámbitos de la vida social, dio lugar a que el feminismo
tuviera durante el siglo XIX una menor presencia e influencia social que en
otros países.
El
matrimonio suponía para la mujer la obligación de obedecer al marido, como
recogía el Código Civil que castigaba la desobediencia con 5 y 15 años de
cárcel. Además, las mujeres tenían que residir con sus maridos y no podían
abandonar el hogar sin su permiso.
Las
condiciones de vida de la mujer trabajadora, obrera y campesina, eran muy duras
porque además de trabajar muchas horas cobraban un salario más bajo que los
hombres. Las mujeres burguesas empezaron a reivindicar, a partir de 1868, un
mayor acceso a la educación porque la mayoría de ellas eran educadas en casa
por institutrices o profesores particulares.
En un país en el que la política estaba en
manos de una minoría social (voto
censitario) y en el que las prácticas electorales (adulteración de las
elecciones) y el protagonismo del ejército (pronunciamientos) marcaban la dinámica
política, el feminismo pionero no se
centró en reivindicaciones políticas, como el derecho de sufragio, sino que se
basó en demandas sociales, buscando el reconocimiento de sus roles sociales
como tal género femenino (maternidad y cuidado de la familia) y en la exigencia
de los derechos civiles.
Las
dos grandes figuras del feminismo del siglo XIX y principios del XX son Concepción Arenal (1820-1893) y Emilia Pardo Bazán (1851-1921). La
escritora gallega Emilia Pardo
Bazán denunciaba en la España Moderna (1890) que los avances
culturales y políticos logrados a lo largo del siglo XIX (las libertades
políticas, la libertad de cultos, el mismo sistema parlamentario) sólo habían
servido para incrementar las distancias entre sexos, sin promover la
emancipación femenina. La penalista Concepción Arenal insistió en múltiples
escritos en que el papel de madre y esposa eran fundamentales en la vida de las
mujeres, pero subrayando que la experiencia de la vida femenina no podía
centrarse en el ejercicio exclusivo de ese rol. Además, en 1918 se creó en
Madrid la Asociación Nacional de Mujeres Española (ANME), formada por mujeres
de clase media, que contó con dirigentes como Clara Campoamor y Victoria Kent,
que plantearon la demanda del sufragio femenino.
En el terreno educativo
fue donde más avanzó el feminismo español. Las iniciativas del Krausismo tras
1850 y de la Institución Libre de Enseñanza (1876) buscaban un avance en la
educación, la enseñanza y la cultura femenina. No obstante, el modelo varió
poco y en las escuelas, con la Ley Moyano, se siguió trasmitiendo pautas de
comportamiento basadas en la función doméstica de la mujer. Concebida como
“ángel del hogar”, su labor debía dedicarse en exclusiva a los quehaceres domésticos
y al cuidado de la familia. La primera noticia del interés de la mujer por los estudios superiores es
del 2 de septiembre de 1871, cuando Mª
Elena Masseras consigue un permiso especial del Rey Amadeo de Saboya para
realizar estudios de segunda enseñanza y poder continuar en la Universidad. Mª Dolores Aleu Riera es la primera
mujer que realiza el examen de grado para obtener una Licenciatura, en
Medicina, el 20-4-1882, seguida en el mismo año por Martina Castells Ballespi y Mª
Elena Masseras Ribera, todas por la Universidad de Barcelona. La presencia
de mujeres en la Universidad española durante el siglo XIX es, por tanto,
prácticamente anecdótica y, además, parte de las alumnas no acabaron la
carrera. El reconocimiento oficial del derecho a la educación
superior no se produjo hasta 1910.
A lo
largo de todo el siglo XIX, el analfabetismo femenino se mantuvo en tasas
enormemente altas que rondaban el 70% en muchas zonas a fines de la centuria. Todavía a fines del siglo XIX, la subordinación de la mujer era
justificada basándose en una supuesta inferioridad genética: la función
reproductora convertía a la mujer en un ser pasivo, inferior, incompleto, y, en
resumen, un mero complemento del hombre, es decir, del ser inteligente. En
el caso español, hasta principios del siglo XX no se puede hablar con propiedad
de un movimiento colectivo de emancipación femenina.
En la primera mitad del siglo XX, el
absentismo escolar siguió siendo muy alto entre las niñas que pertenecían a las
capas populares y proletarias porque muy pronto debían trabajar en el campo, en
la industria o en el servicio doméstico. En lo que concierne a la mayoría de
las familias de clases medias, consideraban “más rentable” invertir en la
formación de sus hijos varones, convencidas de que las chicas recibían de sus
madres la mayor parte de los saberes que iban a necesitar en su vida adulta.
En la década de los treinta, las
mujeres que cursaban estudios secundarios representaban el 26,7 % del alumnado
matriculado y algo menos del 5% entre los universitarios.
En el primer bienio de la II
República (1931-33), la educación se convirtió en prioridad. La acción del
gobierno durante el bienio republicano-socialista favoreció la educación
femenina. Se igualó la matrícula de niñas y niños y algunas figuras ilustres,
como Rosa Sensat, dignificaron los conocimientos femeninos. Pero, sin duda, el
cambio de mayor calado en estos años consiste en que, por primera vez, se
acepta con naturalidad que la titulación universitaria de las mujeres puede
implicar un ejercicio profesional. Aparecen las primeras profesoras de
bachillerato, inspectoras de educación, profesoras contratadas por la
Universidad. Hubo también una reivindicación del
sufragio femenino. Destacadas activistas feministas serán Carmen de Burgos,
Clara Campoamor, Margarita Nelken, Victoria Kent… Destacar a Clara Campoamor,
abogada y diputada del partido Radical y que en 1931 como presidenta de la
organización sufragista, la Unión Republicana Femenina, defendió el sufragio
femenino en el debate de las Cortes Constituyentes de la República.
La victoria de Franco en la Guerra
Civil implicó la restauración del sentido tradicional de la familia. Se derogan
las leyes civiles de la etapa republicana y la Iglesia restablece el control
sobre la enseñanza. La Sección Femenina se convierte en elemento de transmisión
del papel secundario de las mujeres en la sociedad al tener en sus manos una
parte importante de la formación de las futuras maestras: economía doméstica,
labores, música y formación política y social, además de la educación física.
Se vuelve a la separación de sexos en las aulas y a una educación diferenciada
reflejo de las diferentes funciones sociales de hombres y mujeres.
Los
cambios económicos y sociales de la década de los sesenta están en la base de
La Ley General de Educación 14/1970, Ley Villar Palasí, de 4 de
agosto, que provocará cambios de envergadura en la educación española. La Ley
se basaba en el conocido popularmente como el Libro Blanco de la Educación de
1969 que señalaba como uno de los mayores fallos que presentaba el sistema
educativo español la escasa participación que en él tenía la mujer. La nueva
Ley reconoce la igualdad de oportunidades en materia educativa para hombres y
mujeres y rompe con la tradición franquista de la segregación por sexos. Se
establece la escolarización mixta (aunque hay que esperar hasta el curso 84/85
para que tenga carácter obligatorio) y niños y niñas cursarán un mismo
currículum, con el mismo profesorado y en los mismos espacios escolares. Por
otro lado, la escolarización será obligatoria hasta los 14 años para niños y
niñas.
